Confinamiento por la pandemia de COVID-19

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|thumb|Situación de Wuhan durante la pandemia (2020)]] El cierre de Hubei y el confinamiento de su población fue una acción ordenada por el Gobierno de la República Popular China en un esfuerzo por contener la expansión de la pandemia de COVID-19 (una epidemia entonces, con Wuhan como principal foco). Comenzó el 23 de enero de 2020 y terminó el 8 de abril, cuando durante varios días seguidos apenas se detectaron casos de contagio local o muertes. Durante ese tiempo se puso en cuarentena a la población de Hubei, una de las veintidós provincias de China, mediante la implantación de importantes restricciones en el movimiento de personas y el cese de actividades no esenciales.

Las medidas de confinamiento inicialmente iban dirigidas a Wuhan, capital de Hubei y epicentro del brote epidémico, pero se ampliaron a otras ciudades y comunidades rurales de la provincia, lo que afectó a unos 56 millones de habitantes.​​ La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que esta era una acción «sin precedentes en la historia de la salud pública».​

Las políticas de confinamiento en India por la pandemia de COVID-19 fue declarada por el primer ministro Narendra Modi el 24 de marzo de 2020, por 21 días, limitando el movimiento de las 1.300 millones de personas de la India como medida preventiva contra la Pandemia de COVID-19 en India.​ Esto fue ordenado después de que voluntarios públicos quedaran 14 horas en un toque de queda público el 22 de marzo, seguido por la ejecución de una serie de reglas en las partes del país afectadas por el COVID-19.​​

Observadores declararon que el confinamiento había retrasado el índice de crecimiento de la pandemia para el 6 de abril a un índice de duplicarse cada seis días, y del 18 abril, a un índice de duplicarse cada ocho días.​​

Cuando terminó el primer confinamiento, gobiernos estatales y comités locales recomendaron extenderlo.​ Los gobiernos estatales de Odisha y de Punyab se adelantaron al extender el confinamiento hasta el 1 de mayo.​ Maharashtra, Karnataka, Bengala Occidental y Telangana hicieron lo mismo tiempo después.​​ Para el 14 de abril, Narendra Modi extendió el confinamiento nacional hasta el 3 de mayo, con una relajación condicional después del 20 de abril para las regiones donde la propagación había sido contenida.​

El 1 de mayo, el Gobierno de la India extendió el confinamiento nacional más de dos semanas hasta el 17 de mayo. El Gobierno dividió la nación entera en tres zonas— la verde, la roja y la naranja—con relajaciones aplicándose consiguientemente.​

Las políticas de confinamiento en España por la pandemia de COVID-19 son acciones tomadas por el gobierno español para limitar los contagios, principalmente, la aplicación en tres ocasiones del estado de alarma. La primera vez se declaró para establecer una cuarentena nacional, la segunda vez para aplicar restricciones en la Comunidad de Madrid, y la última vez para imponer un toque de queda.

El primero de estos estados de alarma, que trajo consigo el confinamiento de toda la población, entró en vigor el sábado 14 de marzo por la noche.​​​ El confinamiento, sin embargo, observaba diversas excepciones, como adquirir alimentos o medicinas, acudir al puesto de trabajo o atender emergencias.​​ Las restricciones también incluyeron la clausura de establecimientos no esenciales, como bares, restaurantes, discotecas, cafeterías, cines, negocios comerciales y minoristas. A causa de esto muchas empresas y pymes españolas tuvieron que recurrir a ERTE para suspender temporalmente el empleo de sus trabajadores.​

El anuncio vino seguido de un aumento significativo en la cantidad de casos pasando el 14 de marzo de 3146 a 5232, aumentando en un 66 %.​ Según el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, esta «decisión extraordinaria» fue necesaria al tratarse de un tema de salud y de una crisis social y económica.​

Parte de la población española tuvo dificultad para acatar las medidas de dicha cuarentena, habiéndose levantado a 2 de mayo cerca de 800 000 denuncias por saltarse las medidas de confinamiento. Entre ese día y el 7 de junio se han propuesto otras 600 000 sanciones y han sido detenidas unas 5000 personas por desobediencia grave a los agentes de la autoridad.​

La cuarentena nacional provocó ciertas situaciones sociales y psicológicas para la población española. Los padres tuvieron que quedarse en casa y cuidar no solo del hogar, sino también de sus hijos y respectivos trabajos.​ Aunque teóricamente el trabajo doméstico se puede dividir por igual, un análisis reciente en el Reino Unido ​ ha demostrado que las mujeres todavía tienden a dedicar más del doble de tiempo que los hombres en el cuidado del hogar. Esto ha provocado una sobrecarga de trabajo en la vida de las mujeres, así como la angustia emocional que conlleva la preocupación por la familia.​ Los roles de género juegan un papel importante en el agravio de esta situación ya que las mujeres se encargan de la mayor parte del trabajo en lo que a la sanidad (enfermería) y la limpieza se refiere, teniendo un mayor riesgo de contagio, lo que conduce a un mayor nivel de estrés. De hecho, los resultados de un estudio reciente en España ​ muestran que casi el doble de mujeres que de hombres han sufrido de ansiedad y depresión durante la cuarentena. Además, los adultos que conviven con jóvenes tienen mayores posibilidades de desarrollar este tipo de problemas de salud mental. Las mujeres que tuvieron que trabajar fuera de casa por realizar actividades esenciales mostraron niveles más altos de ansiedad, mientras que, en el caso de los hombres, trabajar fuera los protegía de caer en depresión.

Asimismo, muchas organizaciones feministas han alertado sobre el crecimiento de violencia de género durante el confinamiento, cuando las víctimas de violencia doméstica tenían que convivir con su agresor. De hecho, de acuerdo con la información disponible, del 14 al 19 de marzo, hubo un incremento de llamadas al 016 de hasta el 12,43 % y las consultas en Internet crecieron en más de un 269,5%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta situación también ha tenido impacto en el maltrato infantil. La semana del 23 al 30 de marzo, el chat anónimo y confidencial de la Fundación ANAR recibió 270 peticiones de ayuda, 173 de ellas correspondían a casos de abuso; lo que significa que hay 24 casos por día en España.​

El 28 de abril se anunció el Plan de desconfinamiento de España, consistente en cuatro fases en las que se reducen de manera gradual las limitaciones del confinamiento.​ Durante la desescalada sectores de la población empezaron a organizar protestas contra la gestión del Gobierno, del cual pidieron su dimisión.

El 21 de junio, con el final de la última prórroga del estado de alarma, el país pasó a lo que se ha denominado como «nueva normalidad». Fue entonces cuando los gobiernos central y autonómicos retomaron sus competencias habituales.​

El 25 de octubre, el Consejo de Ministros volvió a establecer el estado de alarma, aunque esta vez con medidas menos estrictas. Estas son, principalmente, un toque de queda de 23:00 a 6:00, la prohibición de viajar entre comunidades autónomas, y la limitación de grupos a seis personas no convivientes.​

Las medidas sanitarias en Argentina para combatir la pandemia de COVID-19 son las decisiones estratégicas y operativas de política de salud pública para combatir la pandemia tomadas por el presidente de la Nación Alberto Fernández y los gobernadores de provincia. Incluyen las medidas de prevención de contagios, investigaciones y tratamientos experimentales, creación de infraestructura y abastecimiento de recursos médicos, protocolos sanitarios para los lugares de trabajo, y la campaña de vacunación contra la COVID-19 iniciada el 29 de diciembre de 2020, apuntando a estabilizar la situación mediante una combinación de varias acciones.

Las dos principales medidas para mitigar la pandemia fueron el aislamiento o cuarentena de la población, denominado Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO). El ASPO abarcó inicialmente todo el territorio del país desde el 20 de marzo hasta el 26 de abril inclusive.​​​ A partir del 27 de abril se establecieron medidas segmentadas territorialmente, de aislamiento o distanciamiento, según lo exigiera la situación sanitaria de cada lugar.​​​

Inicialmente la pandemia se concentró principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero hacia la mitad del año se extendió la pandemia a todo el territorio, con excepción de la provincia de Formosa, que mantuvo un control estricto de fronteras.

Las medidas sanitarias fueron en general aceptadas por la mayoría de la población, sin perjuicio de una alta preocupación por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, tendiendo a decaer en el tiempo con el hartazgo que genera la situación.​ Algunos sectores de la población, conocidos como «los anticuarentena», se han mostrado muy críticos frente a la cuarentena y frente a las vacunas, convocando a manifestaciones públicas, "cacerolazos" y actos de desobediencia civil.​​ A comienzos de mayo algunos observadores consideraban que en Buenos Aires y otras partes del país, sectores considerables de la población estaban incumpliendo las medidas de aislamiento y distanciamiento en una actitud de "desobediencia civil de hecho", que pudo haber influido en los rebrotes y agravamientos de la pandemia.​​​​​

El 29 de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación. El presidente informó que llegarían al país 10 millones de dosis para enero de 2021, número que no se concretó debido a incumplimientos de las empresas proveedoras. A partir de marzo comenzaron a llegar vacunas y en agosto también comenzaron a producirse localmente. Hacia el 1 de octubre de 2021, 29 760 609 personas habían recibido una dosis, representando el 66,13 % de la población total del país, mientras que 22 636 279 personas, el 50,30 % de la población total, recibieron dos dosis.​

Comparativamente con otros países, ninguna de las ciudades argentinas ha visto colapsado su sistema sanitario, debido a la preparación que se realizó para enfrentar a la pandemia. Al 1 de octubre de 2021 la tasa de mortalidad causada por el COVID-19 fue de 2521 fallecimientos cada millón de habitantes. Comparativamente, los registros de otros países sudamericanos son los siguientes: Perú (5945), el peor del mundo, Brasil (2785), Colombia (2450), Paraguay (2237), Chile (1940), Bolivia (1579), Ecuador (1822) y Uruguay (1736). A nivel mundial algunas de las mayores tasas de muerte corresponden a Perú (5945), Bosnia (3267), Hungría (3136), Bulgaria (3046), República Checa (2839).​

Las políticas de confinamiento en Bolivia son el conjunto de medidas destinadas a evitar la propagación del virus que produce la enfermedad Covid-19 en este país, la misma fue declara el 21 de marzo y a regir desde el domingo 22 de marzo de 2020. ​ Previamente se habían dispuesto otras medidas restrictivas o semi cuarentena​ que incluía una serie de medidas restrictivas de circulación de personas, ajustes de horarios laborales, suspensión de clases a nivel escolar y universitario, recorte y re definición de horarios de trabajo, restricciones en reuniones y concentraciones, entre otras medidas determinadas a nivel del Estado central y de los gobiernos autónomos de nivel departamental y municipal.

De esta manera, Oruro se convirtió en la primera ciudad de Bolivia en asumir medidas de restricción de circulación y toque de queda, posteriormente la medida adquirió alcance departamental tras la emisión de una ley departamental al respecto.​

El 13 de marzo ante la confirmación de 7 casos positivos el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) anunció una serie de medidas de restricción enunciadas en la ley municipal de declaratoria de alerta roja que comenzó a regir a partir del 16 de marzo de 2020 con una duración de 14 días hasta el 31 de marzo de 2020, en un esfuerzo conjunto para evitar que el virus se expanda por todo el territorio del departamento, ya que la mayoría de casos identificados corresponden a habitantes de este departamento de Bolivia. ​​

El martes 14 de abril a las 15:50 Bolivia amplía su cuarentena hasta el 30 de abril, según comunicó la presidenta Jeanine Áñez, tras una reunión con su Gabinete de ministros que se prolongó por más de seis horas.

La determinación surge ante las proyecciones que anticipan que el país llegará a su pico más alto de contagios de Covid-19 en las dos siguientes semanas, por lo que se requiere que el aislamiento se cumpla de forma más estricta.​

El Miércoles 29 de abril a las 13:48, la presidenta Jeanine Áñez comunicó que la cuarentena total se mantendrá en el país hasta el 10 de mayo y que, desde el 11, se evaluará su flexibilización en determinadas ciudades y departamentos, en base a evaluaciones de riesgo que hagan autoridades de salud.​

A partir del 11 de mayo comienza una cuarentena "dínamica", de acuerdo a evaluaciones que realizará el ministerio de Salud cada 7 días, el trabajo será bajo normas estrictas de bioseguridad. La cuarentena dinámica, no quiere decir que acabó la medida, sino que existen nuevas normas a cumplir. En la cuarentena media y moderada, la población podrá volver a trabajar bajo normas específicas. El gobierno municipal deberá regular el funcionamiento de mercados y transporte público. En la cuarentena rígida, se continuará con las actuales restricciones a la circulación, trabajo, comercios cerrados, es decir, será estricta. En la cuarentena media, se podrá trabajar seis horas al día, de 8:00 a 14:00, se podrá manejar motos y bicicletas con fines laborales y la gente podrá salir a plazas hasta las 17:00. Los menores de edad y los adultos pueden salir una hora al día alrededor de sus casas. Los centros de abasto abrirán de 6:00 a 15:00. En el caso de la cuarentena moderada, la atención en centros de abastecimiento será de 6:00 a 18:00, la gente podrá trabajar ocho horas, de 8:00 a 16:00 y habrá restricciones a la salida de vehículos por número de placas, los niños podrán salir alrededor de sus domicilios. Nadie podrá permanecer en espacios públicos de 19:00 a 5:00. Los menores de 18 años y mayores de 65 podrán salir de 6:00 a 12:00. Hasta el 31 de mayo independientemente de la categoría de cuarentena, se mantiene el cierre de fronteras aéreas, terrestres y fluviales, salvo para bolivianos que deben retronar al país. Además, la suspensión de vuelos nacionales e internacionales, suspensión temporal de clases, de eventos deportivos, reuniones en iglesias y eventos culturales. También se debe continuar con la distancia social de un metro y medio entre las personas, uso de barbijos, lavado de manos y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Las cuarentenas territoriales en Chile para combatir la pandemia de COVID-19 son una serie de restricciones de libertades y medidas de aislamiento sanitario de la población, parte de una política de salud pública con el fin de evitar la expansión del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19.

El Aislamiento Preventivo Obligatorio en Colombia o confinamiento de Colombia de 2020, fue un periodo de distanciamiento físico y social durante la pandemia de COVID-19 que incluyó un conjunto de medidas sanitarias y cambios de rutina diaria a nivel económico, social y político con el fin de controlar la crisis por COVID-19.​ Fue decretado por el gobierno de Colombia en cabeza del presidente Iván Duque y comenzó a regir el 25 de marzo de 2020.​ Inicialmente se había decretado por 19 días,​ sin embargo, se extendió progresivamente por fases, indicando cada vez nuevas excepciones.​ El 17 de abril se dio a conocer el decálogo de lo que sería el «Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente», en una nueva etapa de la cuarentena.​

El gobierno de Colombia, desde el 4 de mayo de 2020, comenzó el plan de apertura para algunos sectores de la industria como la manufactura y la construcción con el fin de reducir la crisis económica transcurrida durante la pandemia.​ También anunció al día siguiente la extensión de la cuarentena por dos semanas más, abriendo más sectores de la industria y levantando ciertas restricciones.​ El 28 de mayo de 2020, se extiende el aislamiento hasta el 1 de julio de 2020.^{[cita requerida]} El 23 de junio de 2020, el gobierno extiende el aislamiento hasta el 15 de julio de 2020, agregando más excepciones para la apertura de nuevos sectores económicos. El 28 de julio el presidente Iván Duque Márquez indicó que el aislamiento preventivo se extiende hasta el 31 de agosto, levantando las restricciones de movilidad impuestas para los adultos mayores de 70 años.

A partir del 1 de septiembre se abre todo el país, sin ninguna restricción y también se reabren los aeropuertos a pasajeros, excepto para quienes tengan síntomas de COVID-19 o sus familiares. Adicionalmente a las restricciones impuestas por el gobierno nacional, algunos gobiernos locales impusieron otras restricciones, tales como el pico y cédula. Este consiste en que, para actividades comerciales, bancarias o notariales, solo pueden salir aquellos cuyo número de la cédula de ciudadanía termina en dígitos pares o impares.​

El 27 de julio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López promulgó, mediante el decreto 176 de 2020, medidas de protección especial para personas de alto riesgo, como las hipertensas, obesas y diabéticas, para que realizaran cuarentena estricta en sus casas.​

El confinamiento de Ecuador por la pandemia de coronavirus inició el 19 de marzo de 2020, con la suspensión de clases, eventos masivos y cuarentena a pasajeros internacionales para evitar la propagación de la COVID-19.​

La políticas de confinamiento en Paraguay por la pandemia de COVID-19 son una serie de decisiones de aislamiento sanitario de la población, que forman parte de una política de salud pública para combatir la pandemia, como así también medidas económicas y sociales para paliar sus efectos. Las primeras medidas fueron tomadas el martes 10 de marzo de 2020 a las 18 horas aproximadamente, —tres días luego de informarse el primer caso por coronavirus—.

El Gobierno Nacional estableció medidas sanitarias (pre-cuarentena o cuarentena parcial) por Resolución S.G.Nº90/2020,​ con el fin de evitar la propagación del virus -asumiendo una posible circulación comunitaria por el segundo paciente que provino de la Argentina vía terrestre-. Esta medida, que en principio rigió por 15 días, incluyó suspensión de las clases en todos los niveles, suspensión y restricción de toda actividad que impliquen aglomeración de personas, como eventos públicos y privados.​ Se han adoptado otras medidas sanitarias preventivas y restrictivas con el correr de los días, como el control y posterior cierre de fronteras, la restricción de desembarque de extranjeros, el toque de queda nocturno, el endurecimiento de los controles preventivos con el fin de verificar su cumplimiento, etc,

Debido a la confirmación de transmisión comunitaria en el país el 20 de marzo, el Gobierno endureció las medidas sanitarias, decretando oficialmente -según decreto Nº3478/2020​- una cuarentena total, denominado oficialmente Aislamiento Preventivo General, extendiéndose en principio hasta el 12 de abril, pero que llegó a prorrogarse varias veces en abril, extendiéndose finalmente hasta el 3 de mayo. En este periodo, la libre circulación quedó restringida totalmente, a excepción de casos de necesidad o urgencia (adquirir alimentos, medicamentos, etc.), así como la de trabajadores exceptuados como los de servicios básicos y de salud.​ Debido a esto muchas tiendas de venta de productos no esenciales permanecieron cerradas y la mayoría de los habitantes —todos aquellos cuyos trabajos no estén dentro de las excepciones por ley—, debieron permanecer en sus hogares, sintiéndose en la economía nacional sus efectos. Así mismo, hubo muchos arrestos e imputados por personas que no acataron la cuarentena y/o no justificaron su circulación debidamente según establece el decreto.

El 4 de mayo, empezó a regir la cuarentena 'inteligente', que vendría siendo oficialmente el Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General, con la apertura de ciertos sectores económicos bajo estrictas medidas sanitarias, divididas en cuatro fases, aunque se trate solo de una apertura a nivel "nacional". ​​ El 5 de octubre, se deja atrás las fases de la Cuarentena Inteligente, para avanzar a una especie de nueva normalidad conocida como el "modo covid de vivir", liberando la mayor parte de las actividades manteniendo los cuidados sanitarios hasta la aparición de alguna vacuna o cura. Se permite ya la apertura a nivel internacional, como los vuelos internacionales o la apertura de fronteras terrestres. Eventualmente se podría plantear excepciones puntuales por zonas o por algún sector económico particular, si las circunstancias lo requieran.

El 23 de febrero de 2022 se levantan todas las restricciones ante la Pandemia de COVID-19, dejando solamente como recomendación las anteriores medidas. Aún se exigirá el uso de tapabocas y el certificado de vacunación en ciertos casos.​

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|thumb|De izquierda a derecha y de arriba abajo el desarrollo del Estado de emergencia: Policía Nacional del Perú bloqueando las calles de la ciudad de Iquitos en el Departamento de Loreto; alrededores del ex terminal Fiori y abastecimiento de agua en un cerro de San Martín de Porres en la Provincia de Lima; Jirón Bolívar de las ciudades de Huaraz y la Plaza de Armas de San Luis, ambos en el Departamento de Áncash, y mirada de Lima metropolitana desde un avión de las Fuerzas Armadas del Perú.]]

Las políticas de confinamiento en Perú por la pandemia de COVID-19, denominada como «aislamiento social obligatorio», fueron una medida de contención que fue establecida por el Gobierno peruano el domingo 15 de marzo de 2020 debido al número creciente de casos durante la Pandemia de COVID-19. Esta medida fue anunciada junto con el «Estado de emergencia», que impuso el cierre total de las fronteras y el transporte, entrando en vigor el día lunes 16 de marzo de 2020 desde las 00:00 hrs (UTC-5).​ La cuarentena obligaba a todos los ciudadanos peruanos y extranjeros a permanecer encerrados en sus hogares o residencias a excepción de situaciones como la adquisición de los bienes de primera necesidad, medicina, emergencia médica y algunos puestos de trabajo.​ También implicó el cierre de muchos negocios y actividades siendo el trabajo independiente e informal el sector más perjudicado​ a excepción de los trabajos de servicio público, salud, policía, medios de prensa, bancos y servicios del hogar (energía, agua, gas y telecomunicaciones).​ Esta medida también causó problemas de adaptación en la sociedad, registrándose una acumulación de 52 mil detenidos hasta el día 7 de abril​ siendo Lima, Piura y La Libertad los departamentos con más detenidos en el país.​​

Durante el transcurso del tiempo y evolución de la enfermedad en el país, la cuarentena fue ampliada en varias ocasiones hasta el 26 de junio, cuando el gobierno anuncia una nueva ampliación que modifica la restricción bajo un «aislamiento social focalizado» que pone fin la «cuarentena nacional». Esta nueva medida libera la restricción en la mayoría de los departamentos del país a excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. El anuncio trajo consigo las restricciones para las personas que presenten comorbolidades y por grupo de edad, que restringen la circulación a menores de 14 años y mayores de 65 años.​ Para fines de octubre, el gobierno levanta la inmovilización social obligatoria en todos los departamentos del país, sin embargo, se mantuvo vigente el toque de queda nocturno.​

Las protestas contra la cuarentena, toque de queda y aislamiento son manifestaciones, disturbios y saqueos en varias parte del mundo contra las políticas de inmovilización social y sus respectivas consecuencias, tomadas por los gobiernos para frenar la expansión de la pandemia de COVID-19.​

Las protestas más significantes se desarrollan en América,​​ y Europa.​ La mayoría han sido esporádicas, aunque reciben el apoyo de algunos grupos políticos de diferentes ideologías.​ Además de los grupos vulnerables, las protestas también tienen presente el descontento de sanitarios por la ineficacia de sus respectivos gobiernos para garantizarles seguridad y evitar un colapso en los sistemas de salud.​​​​

El Fondo Monetario Internacional el 15 de abril de 2020 advirtió en su informe semestral que la crisis económica por el coronavirus originaría oleadas de disturbios como las desarrolladas en 2019 en varias partes del mundo, ante la posible percepción de que las políticas de recuperación económica son insuficientes o solo favorecen a los más ricos.​ Facebook comunicó que eliminaría todo contenido que hiciera apología a las protestas contra la inmovilización social, el propio Mark Zuckerberg calificó las difusiones de las protestas por redes sociales de «información errónea dañina».​