La esterilización forzosa en el Perú es la denominación que se otorga a las acciones no consentidas dentro del programa de esterilizaciones llevado a cabo durante los gobiernos de los presidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006), que tuvo como objetivo a las mujeres multíparas principalmente de los andes peruanos y en un menor número a campesinos varones.
El hecho fue denunciado, entre varios medios, por el diario japonés Mainichi Shimbun.
Historia
El 9 de septiembre de 1995, Fujimori presentó un proyecto de ley que modificaba la "ley general de población", denominado "Plan de salud pública", con el fin de autorizar la esterilización de mujeres en situación de pobreza que contaran con varios hijos. También se legalizaron otros métodos de contracepción. Todas estas medidas fueron fuertemente criticadas por la Iglesia católica. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con 36 millones de dólares, y con una cantidad mucho menor por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En febrero de 1996, la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico.
Se estima que entre los años 1990 y 1999 más de 314 mil mujeres fueron esterilizadas empleando la presión psicológica, el amedrentamiento, o incluso, el ofrecimiento de alimentos o dinero. Asimismo, un informe efectuado por la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (más conocida como Demus) al fiscal de la nación Luis Landa en el año 2017, refirió que el personal encargado de realizar las AQV brindó involuntariamente información insuficiente sobre el proceso de la ligadura de trompas a unas 211 mil mujeres, y de este grupo, a 25 mil mujeres no se les explicó con claridad acerca de la irreversibilidad de la intervención quirúrgica. Una investigación de derechos humanos llevada a cabo por la abogada y activista Giulia Tamayo, denominada Nada Personal, mostró que se habían fijado cuotas de esterilizaciones para los médicos. Incluso se habrían organizado "festivales de ligaduras de trompas" en las zonas rurales y los pueblos jóvenes.
En septiembre de 2001, el ministro de salud Luis Solari instituye una comisión especial sobre las actividades de Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica (AVQ), mientras que otra comisión parlamentaria se encargó de inquirir sobre las irregularidades del programa. En julio de 2002, el entonces ministro de salud Fernando Carbone presentó un informe al Congreso, calculando que entre los años 1993 y 2000, 294 000 mujeres fueron esterilizadas, mientras que a más de 18 000 hombres se les hizo la vasectomía. El plan, que tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres de la sociedad peruana, apuntando esencialmente a los indígenas de las zonas más alejadas.
Este caso llegó a ser archivado hasta en cuatro oportunidades. En 2009 se realizó el primer archivamiento por prescripción. En 2011 fue reabierto, pero en 2014 el fiscal Marco Guzmán Baca lo volvió a archivar, excluyendo de responsabilidad a Fujimori y a sus ministros por estas esterilizaciones. En 2015 la fiscal Marcelita Gutiérrez reabrió el caso, pero al año siguiente lo archivó nuevamente, sin embargo encontró a siete mujeres afectadas. La misma fiscal revisó el caso por cuarta vez pero reiteró que no encontró delitos en los imputados, archivando en diciembre de 2016 el caso de forma definitiva.
El bulo de las 300 mil esterilizaciones forzadas
En 2015, la Defensoría del Pueblo señaló que para poder definir las reparaciones civiles a las víctimas de esterilización forzada se debía contar con un registro oficial que permita conocer su número real. Precisamente, ante informaciones falsas publicadas por diversos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, la Defensoría hizo la siguiente aclaración en su informe anual al Congreso:
Algunas autoridades y medios de comunicación divulgaron una cifra de «200,000 esterilizaciones forzadas reportadas por la Defensoría del Pueblo». Ello se debió a una lectura errónea de un anexo en el Informe Defensorial N° 69, p. 162. Lo correcto es que, según el minsa, se habría realizado 272,028 ligaduras de trompas entre los años 1996 y 2001, entre voluntarias e involuntarias.
En 2017, la abogada María Cecilia Villegas publicó el libro «La verdad de una mentira: el caso de las trescientas mil esterilizaciones forzadas», en donde se destacó que únicamente se registraron 773 denuncias en contra del programa de salud reproductiva ante la Defensoría del Pueblo, y solo 61 fueron sobre esterilizaciones sin consentimiento. De acuerdo con Villegas, de 1996 a 2000 se realizó un total de 254 455 AQV (Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias), pero el ministro Fernando Carbone inició el bulo sosteniendo en su informe que todas esas intervenciones fueron forzadas. Asimismo, el libro destaca que durante el gobierno de Alejandro Toledo hubo también otras 26 esterilizaciones no consentidas.
La profesora de Políticas Públicas de la Universidad de Minnesota, Christina Ewig, ha sido bastante crítica con el tratamiento del tema por parte de Villegas, afirmando lo siguiente:
La autora tiene razón respecto a que el eslogan “300.000 esterilizaciones forzadas” carece de evidencia. No cuestiona que ocurrieran en este período 272.028 esterilizaciones a mujeres pobres e indígenas pero, citando a la Defensoría del Pueblo, afirma que no todas fueron forzadas. Este es un hecho conocido: hubo mujeres y hombres que optaron por la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV). Pero ello no reduce la gravedad de los entre 600 y 10.000 casos (números que varían dependiendo de la fuente gubernamental) de esterilizaciones sin consentimiento o con problemas serios en la obtención del consentimiento o cirugías en terribles condiciones.
Cifras oficiales
El Ministerio Público determinó que entre 1996 y 2001, un total de 2091 mujeres sufrieron esterilizaciones forzosas, cifra que representaría menos del 1% del total de esterilizaciones que, según la data de la Defensoría del Pueblo, se practicó a 272,028 personas.
En la Fiscalía existen 2166 denuncias por casos de esterilización no voluntaria, mientras que 3761 mujeres se inscribieron en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia peruano. Este organismo pudo identificar a 5097 mujeres que sufrieron esterilizaciones contra su voluntad:
- 1389 en el departamento del Cuzco
- 918 en el departamento de San Martín
- 841 en el departamento de Huancavelica
- 488 en el departamento de Ayacucho
- 368 en el departamento de Huánuco
- 340 en el departamento de Piura
- 250 en el departamento de Junín
- 198 en el departamento de Cajamarca
- 136 en el departamento de La Libertad
- 113 en el departamento de Lima
- 56 en el departamento de Moquegua
Véase también
- Alberto Fujimori
- Fujimorismo
- Antifujimorismo
- Juicio a Alberto Fujimori
- Esterilización forzosa
- Política de hijo único
Enlaces externos
- Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas - REVIESFO
- «Denuncian que Fujimori esterilizó forzosa o irregularmente a 236.000 mujeres». Agencia EFE. 4 de octubre de 2017.
- «RESUMEN ESTADÍSTICO VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS». Observatorio Estadístico | Programa nacional contra la violencia familiar y sexual.
- «Las esterilizaciones forzadas: cuatro investigaciones para entender su urgente demanda por justicia». Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUCP.
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Datos: Q97170499