El Convenio de Bamako, complementa en cierta medida el Convenio de Basilea. Una vez que el Convenio de Basilea entró en vigor, varios países menos adelantados (PMA o PMD) y ONG argumentaron que las acciones basadas en el convenio no eran lo suficientemente fuertes y exigieron la prohibición total del envío de todos los residuos peligrosos a los PMA.
La razón principal de esta exigencia fue el hecho de que muchos países desarrollados exportaban desechos peligrosos a África. Además, los comerciantes exportaban residuos peligrosos que pretendían ser un traslado de residuos para su reciclaje. Estos argumentos llevaron a la introducción de varias prohibiciones regionales de comercio de desechos peligrosos, entre las cuales se encuentra el Convenio de Bamako.
El Convenio de Bamako sobre la prohibición de la importación a África y la fiscalización del traslado transfronterizo y manejo de desechos peligrosos dentro de África fue firmado por doce países de la Organización de la Unidad Africana en Bamako, Malí, en enero de 1991 y entró en vigor en 1998.
Contrariamente al Convenio de Basilea, que establece excepciones a determinadas importaciones de residuos peligrosos, el Convenio de Bamako prohíbe la importación de residuos peligrosos (incluyendo por ejemplo, los desechos radiactivos) a las naciones signatarias. En 1995, países europeos clave y las ONG ambientales exigieron la inclusión de una enmienda sobre la prohibición del Convenio de Basilea. Sin embargo, varios países se opusieron firmemente a la enmienda. La enmienda prohíbe la exportación de residuos peligrosos desde una serie de países esarrollados a países en desarrollo, independientemente de su propósito, incluido el reciclaje. Se requiere la ratificación de tres cuartas partes de los signatarios para que la enmienda entre en vigor. A mediados de 2009, 65 países han ratificado la enmienda. Como La Unión Europea integró plenamente la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea dentro del Reglamento relativo a traslados de residuos (1013/2006), hizo que la enmienda fuera jurídicamente vinculante en todos los Estados miembros de la UE.
